El diputado local, Sergio Contreras Guerrero presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Guanajuato y castigar con hasta dos años de prisión a quienes realicen llamadas falsas al 911 y provoquen la movilización de cuerpos de seguridad, atención médica o rescate.
La propuesta contempla penas de dos meses a dos años de cárcel y de 50 a 100 días de multa para quienes, de manera dolosa, generen falsas emergencias que obliguen a desplegar recursos públicos.De acuerdo con el legislador, el problema representa un riesgo para la seguridad pública, debido a que las llamadas improcedentes saturan las líneas de atención y distraen personal y unidades que podrían atender emergencias reales.
Como referencia, citó datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, según los cuales el sistema 911 de Guanajuato recibió más de cuatro millones de llamadas, de las cuales el 71 por ciento fueron improcedentes.
Esto equivale a poco más de tres millones de reportes que no correspondieron a emergencias procedentes, cifra que ubicó a Guanajuato en el cuarto lugar nacional por este indicador, de acuerdo con los datos mencionados en la iniciativa.
Contreras Guerrero advirtió que las llamadas falsas no siempre responden a bromas o conductas irresponsables, pues también pueden ser utilizadas por grupos delincuenciales para distraer a las corporaciones policiales o generar condiciones para emboscadas.La iniciativa también plantea sancionar a quienes permitan utilizar sus propios medios de comunicación, sabiendo que serán empleados para emitir avisos falsos con el propósito de movilizar a los servicios de emergencia.
Asimismo, propone agravar las sanciones cuando el despliegue provocado genere daños o pérdidas materiales en las unidades de atención, así como en casos de reincidencia.
El legislador sostuvo que la reforma busca proteger los recursos públicos y al personal que atiende situaciones de riesgo, además de impedir que el sistema de emergencias sea utilizado para facilitar actividades delictivas.
“Sancionar penalmente estas conductas no solo tiene que ver con la optimización de recursos administrativos; es también una medida para proteger a los elementos de seguridad y garantizar que el sistema de emergencias no sea utilizado como un arma contra el propio Estado”, afirmó.